martes, 4 de mayo de 2010

IULV-CA presenta en Rute "La marcha por el empleo" para el próximo fin de semana.


El Coordinador Provincial de IULV-CA Córdoba, Francisco Martínez, ha presentado en rueda de prensa, "La marcha por el empleo" que, por segundo año consecutivo, IULV-CA Córdoba ha organizado para el próximo fin de semana, 7, 8 y 9 de mayo, recorriendo diversas comarcas de nuestra provincia”.

Martínez, quien ha definido la Marcha como “un instrumento en defensa del empleo”, declara que “abrimos esta actividad a todos los sindicatos y trabajadores, y hacemos un llamamiento a la movilización y a la protesta contra la crisis y las políticas sociales que el gobierno español parece haber olvidado”.

Para el Coordinador Provincial, “vivimos una coyuntura política en la que es palpable la ofensiva de la derecha política, económica, social y mediática, ofensiva ante la que existe la necesidad de responder y actuar. Su estrategia está basada en distintos frentes, principalmente en la ocupación de la calle por parte de los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, apoyados en todo momento por el Partido Popular”.

“Pero si en estos momentos hay una ofensiva por parte de toda la derecha”, afirma Martínez, “es la ofensiva contra el Juez Garzón. Las decisiones de este Juez sobre los crímenes franquistas lo han puesto definitivamente en el punto de mira de los sectores más reaccionarios y retrógrados de nuestro país. Ante eso, la posición clara y determinada de Izquierda Unida es de apoyo al Juez Garzón”.

El dirigente de izquierdas entiende que “debe seguir siendo una prioridad para esta organización mostrar nuestros máximos esfuerzos, en las instituciones y en la calle, frente a la crisis y sus consecuencias, especialmente, las que sufren los sectores sociales más débiles de nuestra sociedad. En los dos últimos meses hemos vuelto a asistir en este país a un nuevo acto de improvisación e hipocresía del Gobierno Zapatero con un pacto que sólo ha quedado en 24 medidas, poco relevantes y que desde el punto de vista de Izquierda Unida no apunta en la dirección correcta para una salida social de la crisis”. Desde IU, se entiende que “nos enfrentamos a una crisis de demanda, en la que la solución pasa por el incremento del consumo privado y del gasto público, especialmente el destinado a la inversión. Por lo tanto, las medidas que propone el Gobierno en su documento van exactamente en la dirección contraria”.

Para Izquierda Unida, “la estabilización de la economía y la reducción efectiva del déficit dependen esencialmente de la creación de empleo (a la que se debe contribuir directamente desde lo público) y de la mejora de la contribución fiscal de los ciudadanos sobre dos ejes esenciales: la fiscalidad progresiva y la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. No estamos, por tanto, proponiendo una política de gasto, sino un conjunto de acciones que conducirían al equilibrio fiscal sobre bases más justas. En este terreno no podemos avalar con nuestro acuerdo una mera política de reducción del gasto, con graves consecuencias sobre el gasto social y los servicios públicos. Por ello, Izquierda Unida ha presentado un amplio paquete de medidas de racionalización del gasto público de las que no se recoge ninguna, medidas como la reimplantación del impuesto sobre el patrimonio para que pague más el que más tiene. Del contenido de nuestras propuestas deducimos que, al ignorarlas, el Gobierno no quiere entrar en serio en este problema”.

En relación a la reforma laboral, Martínez señala que “una vez asistimos a otro acto de improvisación del gobierno, que presenta un documento sin cuantificación económica, y a un ataque frontal contra los derechos de los trabajadores, ya que vuelve a poner sobre la mesa su intención de abaratar el despido y de precarizar el empleo mediante la ampliación de los contratos de formación y la apuesta por las empresas de empleo temporal”.
Asimismo, Izquierda Unida ha lanzado una campaña de recogida en defensa de las pensiones, “al entender que con la reforma que el Gobierno tiene pensado realizar un recorte de hasta 80.000 millones de euros en el dinero destinado a las pensiones, favoreciendo a los bancos a través de los planes privados de pensiones”. Desde la organización se va a luchar para que “no se aumente la edad de jubilación por encima de los 65 años, no se incremente el período de cómputo para calcular la pensión más allá de 15 años, y las pensiones se revaloricen al menos lo mismo que aumenten los precios (IPC) y más aún para las pensiones más bajas. Nos movilizaremos por entender que esta reforma es injusta y no es necesaria, ya que el Sistema Público de Pensiones es fuerte y está consolidado”.






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