En pleno «boom» inmobiliario, Telesforo Flores, alcalde de Luque (PSOE), adquirió en Córdoba un piso de protección oficial, a pesar de que ya poseía otra vivienda de renta libre en la ciudad. Cuando accedió a la presidencia de la Promotora de vivienda de la Diputación de Córdoba, PROVICOSA, Flores ya poseía esta VPO y también cuenta con otra casa de 493 metros cuadrados en su pueblo, Luque.
El presidente de la promotora provincial de viviendas accedió en 2003 a la VPO en Córdoba -a pesar de contar con otra vivienda libre en la misma localidad-, con la condición de que debía ocuparla en el plazo de tres meses contados desde la entrega de las llaves. Así consta en la escritura de transmisión de la vivienda y en el decreto ley 3148/1978, de 10 de noviembre, que regula la política de vivienda.
Sin embargo, este compromiso quedó en papel mojado, pues, según reconoció en una conversación telefónica el propio Telesforo Flores a ABC el pasado miércoles, «mi domicilio habitual es Luque, donde estoy empadronado y soy alcalde». Asimismo, señaló que la VPO que posee en la capital la ocupan, de forma eventual, sus hijos o él mismo, puesto que trabaja en la Diputación, donde es vicepresidente tercero desde 2007. Es funcionario en excedencia en esta institución.
La norma es muy estricta en este punto. El artículo 3 del referido decreto reza que «las viviendas de protección oficial habrán de dedicarse a domicilio habitual y permanente sin que, bajo ningún concepto, puedan destinarse a segunda vivienda o a cualquier otro uso».
Así consta también en la escritura de compraventa, donde además se advierte de que el incumplimiento de la norma es considerado una falta muy grave, por lo que se podría enfrentar a multas que van desde los 1.500 a 6.000 euros, así como a la descalificación de la vivienda.
La Junta de Andalucía nunca sancionó a Flores por saltarse este requisito y se ignora si hizo la correspondiente inspección para comprobar que las VPO, pensadas para familias que tienen dificultades de acceso a un inmueble en la renta libre, se destinan en efecto a tal fin. Es decir, al ejercer la tutela está obligada a corroborar si cubren una necesidad real o si, por lo contrario, son objeto de una operación especulativa.
El alcalde pasó sin problemas los filtros de la Junta de Andalucía para acceder a una vivienda protegida en la capital cordobesa en 2003. Fue ese año cuando elevó la compra a escritura pública, aunque el contrato se remonta al año 2000.
La norma que estaba en vigor en la fecha de la compra de la VPO impedía el acceso a este tipo de inmuebles a titulares que poseyeran otra vivienda libre en la misma ciudad. Y mucho menos si encima no se encuentran empadronados en ella, como es su caso. Flores ha confirmado que tiene su residencia habitual en Luque, donde es regidor, y allí está también empadronado.
De hecho, la VPO está pensada para familias que, por su nivel de renta -por debajo de la media-, pasarían muchos apuros para pagar una vivienda de renta libre.
El piso se encuentra muy cerca de su despacho en la sede de PROVICOSA, entre Arroyo del Moro y Huerta de Santa Isabel. Dispone de una superficie útil de 86 metros cuadrados con garaje, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, según consta en el Registro de la Propiedad. Flores preside desde julio de 2007 esta empresa pública que se dedica a promover VPO en los municipios de la provincia. Además, es vicepresidente tercero de la Diputación de Córdoba y máximo responsable de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética.
Telesforo Flores alega en su descargo que cuando adquirió la VPO en el año 2000 era un completo desconocedor de la normativa que regula el acceso a este tipo de viviendas, concebidas para familias que no pueden acceder a los precios prohibitivos del mercado libre.
«Yo no conocía la normativa ni soy funcionario de temas de estos. Soy una persona normal que me intereso por un piso, pregunto en CONVISUR y nadie me ha puesto pegas de ningún tipo». Así se expresa, paradojas de la vida, quien hoy es presidente de la promotora de viviendas de la Diputación, PROVICOSA, si bien formalizó la compra de la VPO cuatro años antes de acceder a este cargo. Eso sí, como regidor de Luque tenía acceso a los planes regionales de pisos protegidos para los municipios.
«Si me hubiesen puesto pegas, está claro que no lo habría comprado», recalca el regidor de Luque. Al ser preguntado por las restricciones que la norma pone a los propietarios de otra vivienda libre, señala que «seguramente no las había». «Eso es de otra fecha, otro momento», repite. Confiesa que ignora si había cualquier veto legal por poseer otro inmueble. «Yo voy al notario y firmo, a mí nadie me ha puesto pegas de nada», reitera.
El alcalde de Luque aseguró que pagó al contado los 75.000 euros que aproximadamente le costó (incluida la plaza de garaje) porque «no quería recibir ninguna ayuda de la que dan por VPO». Es decir, no tuvo que subrogarse a los préstamos hipotecarios con condiciones ventajosas que se dan a las promotoras y compradores de este tipo de viviendas destinadas a familias de rentas más bajas. Y tampoco se benefició de ayudas complementarias, puesto que no tuvo que endeudarse para pagarla, gracias a que tenía ahorros por otros bienes.
Curiosamente, Flores confiesa haber quedado atrapado por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Su intención inicial, tras comprar la VPO, era vender el piso que posee en Santa Marina desde 1987. «Lo que pasa es que me ha pillado la crisis y, claro, ya no me interesa vender la casa de Alarcón López», se sincera.
No sabemos si el señor Telesforo Flores preside la empresa provincial de vivienda pública por tratarse de un experto adquiriente de suelo residencial o viceversa. Es decir: si empezó a comprar pisitos de VPO y renta libre para saber de qué iba la cosa y poder optar al cargo con un currículo apañadito. A un puesto de esta naturaleza hay que opositar conociendo el paño. Desde ese punto de vista, el alcalde de Luque ha hecho los deberes debidamente. Y antes de sentarse en el despacho de PROVICOSA se estudió el temario: adquirió su pisito de renta libre, su VPO, sus dos fincas rústicas y sus placitas de garaje. Así visto, parece que hubiera llegado al registro de la propiedad y le hubiera dicho al señor que atiende la ventanilla: écheme uno de cada, por favor: es que voy para presidente de PROVICOSA.
Nos asombra la capacidad de la gente para hacer acopio de propiedades y bienes inmuebles. Con lo desagradable que resulta escuchar al notario recitar de corrido las escrituras y llevarse la manteca como si tal cosa. Pero, ya ven, hay tipos que empiezan a acumular posesiones y no saben cómo detener la gula inmobiliaria. Te compras un señor piso de renta libre y ya estás pensando en hincarle el diente a una VPO de cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, cocina y trastero.
La gula inmobiliaria tiene esta cosa ingobernable que nos incapacita para ver la letra menuda de la ley. Se te sube este ímpetu irresistible por comprar suelo residencial y no te das cuenta de que estás privando a otra familia de vivienda a precios asequibles. Según tenemos entendido, la VPO se inventó para eso precisamente. Pero se ve que a Luque no llega el Boletín Oficial del Estado y así no hay manera de comportarse con sentido ciudadano.
Se nos queda la duda de si el señor presidente de PROVICOSA adquirió la VPO para habitarla o para extender una sabanita blanca por encima del sofá y la mesa camilla. Antiguamente, las viviendas se compraban porque la gente necesitaba un techo bajo el que vivir. Pero hoy día eso es una soberana frivolidad. Y hay quien compra viviendas como quien colecciona llaveros policromados.
Se ve también que los criterios para adjudicar la VPO son del género abstracto. Llegas con tu patrimonio inmobiliario debajo del brazo y te despachan otra vivienda sin levantar la cara del mostrador. Con lo cual, lo mismo estamos sufragando entre todos viviendas de protección oficial a ciudadanos que tienen diez o doce dormitorios donde pasar la noche. El estado del bienestar, según parece, se asemeja bastante a esta sobreabundancia de metros residenciales y plazas de garaje y tal.
El hecho de poseer otra casa en la ciudad desde 1987, en el barrio de Santa Marina, no le supuso al actual presidente de la promotora de viviendas de la Diputación de Córdoba ninguna traba.
Días después de que la promotora, CONVISUR, del grupo de empresas de CAJASUR, presentara el contrato firmado por el edil socialista ante la Delegación de Obras Públicas de la Junta, ésta emitió un visado autorizando la operación.
El departamento autonómico que entonces ejercía -ahora es el de Vivienda- la tutela sobre los proyectos de viviendas protegidas sólo le puso una condición: que no podía optar a ninguna ayuda a la compra ni a los préstamos cualificados -con tipos de interés más bajos- que sí tuvieron el resto de compradores.
Como consecuencia de ello, Flores no tuvo más remedio que renunciar a las ventajas para financiar la vivienda protegida. Aunque las solicitó, según el contrato modelo presentado ante la Junta, ésta se las denegó porque, de acuerdo con su nivel de ingresos, no cumplía los requisitos para beneficiarse de ellas.
No pudo subrogarse a la hipoteca, que canceló abonando al contado los 74.315 euros que costó el piso con el garaje. No tuvo otra opción, pese a que Flores aseguró el pasado miércoles que había renunciado de motu propio.
La normativa que entonces estaba en vigor, los reales decretos 31/1978 y 3148/1978, marcan un nivel de ingresos máximos para poder acceder a una VPO, teniendo en cuenta también otros factores, como son los miembros de la unidad familiar o la localidad donde se ubica. La Junta hace un cálculo mediante una fórmula polinómica.
El gerente de CONVISUR, Víctor Reina, explicó que los ingresos familiares de Flores «estarían por debajo, pues si no, no habrían visado el contrato». En concreto, no podían exceder de 33.000 euros (5,5 millones de las antiguas pesetas). Según aseveraron fuentes de la Diputación, en el año 2000 los ingresos brutos de Telesforo Flores alcanzaban los 32.605 euros al año, es decir, estaban casi en el límite, según el tope legal que señala CONVISUR. Cobraba como trabajador de la institución provincial, pues como regidor de Luque no percibía remuneración.
Desde la promotora que hizo la vivienda protegida afirman que el actual presidente de PROVICOSA cumplía los requisitos para adquirir la VPO, puesto que el otro piso que tenía en propiedad no era protegido. «Lo que no tenía era derecho a ayudas ni a un crédito cualificado y por eso renunció a ello», aclara Reina.
Sin embargo, la norma no contempla el supuesto de que la VPO se compre sin financiarla con créditos, puesto que están concebidas para familias con dificultades de acceso a una vivienda libre.
Meses antes de ser nombrado presidente de PROVICOSA (julio de 2007), Telesforo Flores se convirtió en propietario de su tercera vivienda en Luque -titularidad que comparte con su esposa-. Ésta tiene 493 metros cuadrados construidos y sobre ella pesa un préstamo de 86.000 euros.
La compra al contado (75.000 euros del año 2000) de una vivienda de protección oficial por parte del alcalde de Luque y hoy presidente de la promotora provincial de vivienda de la Diputación (PROVICOSA), siendo dueño de otro piso de renta libre y habiendo ostentado cargo público desde 1991 refleja la doble moral del PSOE, trasladada a la Junta de Andalucía, sobre el carácter social de las VPO para rentas bajas que no pueden acceder al mercado inmobiliario libre.
En el plano legal, la compra de esa vivienda por el edil socialista -casi veinte años viviendo del erario público- choca de plano con la legislación vigente desde 1978 y los requisitos que se ponen a los aspirantes a este tipo de inmuebles. En primer lugar, por ser poseedor de una vivienda de renta libre, lo que ya de por sí resulta un sinsentido frente a la filosofía legal de las viviendas tasadas por ley y para familias desfavorecidas. En segundo lugar, porque como el propio Telesforo Flores admite a ABC, no la usa como primera residencia, algo a lo que le obliga la normativa por sentido común. En tercer lugar, porque el sueldo público que percibía por aquel entonces estaba bastante por encima de los ingresos medios de los beneficiarios potenciales que marcaba la ley para ser beneficiario. Para más «inri», Flores alardea de que pagó al contado -muy poco habitual, por cierto, en los compradores de VPO-, omitiendo que había solicitado ayudas públicas para afrontar la adquisición de la casa y que le fueron denegadas. Y, además, la Junta, tutora de este tipo de inmuebles, dio luz verde a la compra.
Frente al pobre argumento de Flores de que «desconocía la normativa» baste refutar que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y más, para un alcalde que, se supone, algún contacto en veinte años habrá tenido con la promoción pública. Pero es que en el plano ético y estético, la Diputación no puede perder ni un segundo más en deshacer este mal ejemplo para la opinión pública y los miles de demandantes de VPO que estos días engrosan los tan cacareados registros auspiciados por la Junta. O Flores renuncia a su vivienda para seguir presidiendo el instrumento que tiene la Diputación para impulsar pisos protegidos, o lo hace a su cargo, si quiere seguir manteniendo una vivienda con la que, por otro lado, quiso hacer negocio, pero no le dejó la crisis.
La portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, Elena Cortés, afirmó que, a la vista de los datos revelados, «espero que presente su dimisión de motu propio porque no es la persona más idónea para presidir una promotora pública de viviendas». Si no lo hace, su grupo estudiará otras medidas. Cortés lamentó que la Junta «no haya fiscalizado esta entrega» y puso el caso como reflejo de la política de vivienda autonómica, que «ha servido para que la VPO entre en el espacio de la especulación en lugar de destinarse a la población más débil».
El presidente de Provicosa, el socialista Telesforo Flores, ocultó algunas de sus posesiones en sus declaraciones de bienes de la Diputación de Córdoba, donde también es vicepresidente tercero, y del PSOE.
En concreto, el alcalde de Luque, que accedió en 2000 a un VPO teniendo otro piso de renta libre desde 1987, «se olvidó» de declarar dos garajes y un local comercial, también de su titularidad. Según consta en el Registro de la Propiedad, el local se encuentra en la planta baja de su tercera vivienda, situada en Luque, de 493 metros cuadrados y tres plantas, que adquirió en febrero de 2007, apenas cinco meses antes de tomar posesión como responsable de la promotora de viviendas de la Diputación de Córdoba.
Ejemplo de ética pública
Telesforo Flores no especificó estos dos bienes ante la institución provincial, según la declaración patrimonial publicada por el Boletín Oficial de la Provincia el 31 de diciembre de 2008. También los omitió en el registro de actividades, bienes e intereses para altos cargos que publica el PSOE de Andalucía en su página web, una iniciativa que instauró para dar ejemplo de transparencia y ética.
No fue el único dato que obvió el regidor de Luque. También pasó por alto hacer pública la plaza de cochera que compró junto a la vivienda protegida en la calle Isla Graciosa, en las inmediaciones de Arroyo del Moro, una zona de expansión residencial y con el precio del metro cuadrado más caro en el mercado libre en la capital. En plena burbuja inmobliaria, se hizo con la VPO al módico precio de 74.315 euros, incluyendo el aparcamiento (de 9.373 euros). Como la Junta le denegó las ayudas a la compra y préstamos cualificados, la pagó al contado y sin necesidad de abonar intereses, más allá de la cancelación de la hipoteca, a la que no se podía subrogar por no cumplir los requisitos.
El alcalde de Luque tampoco dijo que la finca de olivar que declaró en Pomar, en el término municipal de su pueblo, son en realidad dos terrenos que heredó de unos familiares y que tienen escrituras independientes.
Flores, que negó tener un local -pese a que así consta en su escritura-, aseguró a ABC que no reparó en estos detalles, pero garantizó que «lo mío es transparente».
Fuente:abc.es
El presidente de la promotora provincial de viviendas accedió en 2003 a la VPO en Córdoba -a pesar de contar con otra vivienda libre en la misma localidad-, con la condición de que debía ocuparla en el plazo de tres meses contados desde la entrega de las llaves. Así consta en la escritura de transmisión de la vivienda y en el decreto ley 3148/1978, de 10 de noviembre, que regula la política de vivienda.
Sin embargo, este compromiso quedó en papel mojado, pues, según reconoció en una conversación telefónica el propio Telesforo Flores a ABC el pasado miércoles, «mi domicilio habitual es Luque, donde estoy empadronado y soy alcalde». Asimismo, señaló que la VPO que posee en la capital la ocupan, de forma eventual, sus hijos o él mismo, puesto que trabaja en la Diputación, donde es vicepresidente tercero desde 2007. Es funcionario en excedencia en esta institución.
La norma es muy estricta en este punto. El artículo 3 del referido decreto reza que «las viviendas de protección oficial habrán de dedicarse a domicilio habitual y permanente sin que, bajo ningún concepto, puedan destinarse a segunda vivienda o a cualquier otro uso».
Así consta también en la escritura de compraventa, donde además se advierte de que el incumplimiento de la norma es considerado una falta muy grave, por lo que se podría enfrentar a multas que van desde los 1.500 a 6.000 euros, así como a la descalificación de la vivienda.
La Junta de Andalucía nunca sancionó a Flores por saltarse este requisito y se ignora si hizo la correspondiente inspección para comprobar que las VPO, pensadas para familias que tienen dificultades de acceso a un inmueble en la renta libre, se destinan en efecto a tal fin. Es decir, al ejercer la tutela está obligada a corroborar si cubren una necesidad real o si, por lo contrario, son objeto de una operación especulativa.
El alcalde pasó sin problemas los filtros de la Junta de Andalucía para acceder a una vivienda protegida en la capital cordobesa en 2003. Fue ese año cuando elevó la compra a escritura pública, aunque el contrato se remonta al año 2000.
La norma que estaba en vigor en la fecha de la compra de la VPO impedía el acceso a este tipo de inmuebles a titulares que poseyeran otra vivienda libre en la misma ciudad. Y mucho menos si encima no se encuentran empadronados en ella, como es su caso. Flores ha confirmado que tiene su residencia habitual en Luque, donde es regidor, y allí está también empadronado.
De hecho, la VPO está pensada para familias que, por su nivel de renta -por debajo de la media-, pasarían muchos apuros para pagar una vivienda de renta libre.
El piso se encuentra muy cerca de su despacho en la sede de PROVICOSA, entre Arroyo del Moro y Huerta de Santa Isabel. Dispone de una superficie útil de 86 metros cuadrados con garaje, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, según consta en el Registro de la Propiedad. Flores preside desde julio de 2007 esta empresa pública que se dedica a promover VPO en los municipios de la provincia. Además, es vicepresidente tercero de la Diputación de Córdoba y máximo responsable de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética.
Telesforo Flores alega en su descargo que cuando adquirió la VPO en el año 2000 era un completo desconocedor de la normativa que regula el acceso a este tipo de viviendas, concebidas para familias que no pueden acceder a los precios prohibitivos del mercado libre.
«Yo no conocía la normativa ni soy funcionario de temas de estos. Soy una persona normal que me intereso por un piso, pregunto en CONVISUR y nadie me ha puesto pegas de ningún tipo». Así se expresa, paradojas de la vida, quien hoy es presidente de la promotora de viviendas de la Diputación, PROVICOSA, si bien formalizó la compra de la VPO cuatro años antes de acceder a este cargo. Eso sí, como regidor de Luque tenía acceso a los planes regionales de pisos protegidos para los municipios.
«Si me hubiesen puesto pegas, está claro que no lo habría comprado», recalca el regidor de Luque. Al ser preguntado por las restricciones que la norma pone a los propietarios de otra vivienda libre, señala que «seguramente no las había». «Eso es de otra fecha, otro momento», repite. Confiesa que ignora si había cualquier veto legal por poseer otro inmueble. «Yo voy al notario y firmo, a mí nadie me ha puesto pegas de nada», reitera.
El alcalde de Luque aseguró que pagó al contado los 75.000 euros que aproximadamente le costó (incluida la plaza de garaje) porque «no quería recibir ninguna ayuda de la que dan por VPO». Es decir, no tuvo que subrogarse a los préstamos hipotecarios con condiciones ventajosas que se dan a las promotoras y compradores de este tipo de viviendas destinadas a familias de rentas más bajas. Y tampoco se benefició de ayudas complementarias, puesto que no tuvo que endeudarse para pagarla, gracias a que tenía ahorros por otros bienes.
Curiosamente, Flores confiesa haber quedado atrapado por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Su intención inicial, tras comprar la VPO, era vender el piso que posee en Santa Marina desde 1987. «Lo que pasa es que me ha pillado la crisis y, claro, ya no me interesa vender la casa de Alarcón López», se sincera.
No sabemos si el señor Telesforo Flores preside la empresa provincial de vivienda pública por tratarse de un experto adquiriente de suelo residencial o viceversa. Es decir: si empezó a comprar pisitos de VPO y renta libre para saber de qué iba la cosa y poder optar al cargo con un currículo apañadito. A un puesto de esta naturaleza hay que opositar conociendo el paño. Desde ese punto de vista, el alcalde de Luque ha hecho los deberes debidamente. Y antes de sentarse en el despacho de PROVICOSA se estudió el temario: adquirió su pisito de renta libre, su VPO, sus dos fincas rústicas y sus placitas de garaje. Así visto, parece que hubiera llegado al registro de la propiedad y le hubiera dicho al señor que atiende la ventanilla: écheme uno de cada, por favor: es que voy para presidente de PROVICOSA.
Nos asombra la capacidad de la gente para hacer acopio de propiedades y bienes inmuebles. Con lo desagradable que resulta escuchar al notario recitar de corrido las escrituras y llevarse la manteca como si tal cosa. Pero, ya ven, hay tipos que empiezan a acumular posesiones y no saben cómo detener la gula inmobiliaria. Te compras un señor piso de renta libre y ya estás pensando en hincarle el diente a una VPO de cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, cocina y trastero.
La gula inmobiliaria tiene esta cosa ingobernable que nos incapacita para ver la letra menuda de la ley. Se te sube este ímpetu irresistible por comprar suelo residencial y no te das cuenta de que estás privando a otra familia de vivienda a precios asequibles. Según tenemos entendido, la VPO se inventó para eso precisamente. Pero se ve que a Luque no llega el Boletín Oficial del Estado y así no hay manera de comportarse con sentido ciudadano.
Se nos queda la duda de si el señor presidente de PROVICOSA adquirió la VPO para habitarla o para extender una sabanita blanca por encima del sofá y la mesa camilla. Antiguamente, las viviendas se compraban porque la gente necesitaba un techo bajo el que vivir. Pero hoy día eso es una soberana frivolidad. Y hay quien compra viviendas como quien colecciona llaveros policromados.
Se ve también que los criterios para adjudicar la VPO son del género abstracto. Llegas con tu patrimonio inmobiliario debajo del brazo y te despachan otra vivienda sin levantar la cara del mostrador. Con lo cual, lo mismo estamos sufragando entre todos viviendas de protección oficial a ciudadanos que tienen diez o doce dormitorios donde pasar la noche. El estado del bienestar, según parece, se asemeja bastante a esta sobreabundancia de metros residenciales y plazas de garaje y tal.
El hecho de poseer otra casa en la ciudad desde 1987, en el barrio de Santa Marina, no le supuso al actual presidente de la promotora de viviendas de la Diputación de Córdoba ninguna traba.
Días después de que la promotora, CONVISUR, del grupo de empresas de CAJASUR, presentara el contrato firmado por el edil socialista ante la Delegación de Obras Públicas de la Junta, ésta emitió un visado autorizando la operación.
El departamento autonómico que entonces ejercía -ahora es el de Vivienda- la tutela sobre los proyectos de viviendas protegidas sólo le puso una condición: que no podía optar a ninguna ayuda a la compra ni a los préstamos cualificados -con tipos de interés más bajos- que sí tuvieron el resto de compradores.
Como consecuencia de ello, Flores no tuvo más remedio que renunciar a las ventajas para financiar la vivienda protegida. Aunque las solicitó, según el contrato modelo presentado ante la Junta, ésta se las denegó porque, de acuerdo con su nivel de ingresos, no cumplía los requisitos para beneficiarse de ellas.
No pudo subrogarse a la hipoteca, que canceló abonando al contado los 74.315 euros que costó el piso con el garaje. No tuvo otra opción, pese a que Flores aseguró el pasado miércoles que había renunciado de motu propio.
La normativa que entonces estaba en vigor, los reales decretos 31/1978 y 3148/1978, marcan un nivel de ingresos máximos para poder acceder a una VPO, teniendo en cuenta también otros factores, como son los miembros de la unidad familiar o la localidad donde se ubica. La Junta hace un cálculo mediante una fórmula polinómica.
El gerente de CONVISUR, Víctor Reina, explicó que los ingresos familiares de Flores «estarían por debajo, pues si no, no habrían visado el contrato». En concreto, no podían exceder de 33.000 euros (5,5 millones de las antiguas pesetas). Según aseveraron fuentes de la Diputación, en el año 2000 los ingresos brutos de Telesforo Flores alcanzaban los 32.605 euros al año, es decir, estaban casi en el límite, según el tope legal que señala CONVISUR. Cobraba como trabajador de la institución provincial, pues como regidor de Luque no percibía remuneración.
Desde la promotora que hizo la vivienda protegida afirman que el actual presidente de PROVICOSA cumplía los requisitos para adquirir la VPO, puesto que el otro piso que tenía en propiedad no era protegido. «Lo que no tenía era derecho a ayudas ni a un crédito cualificado y por eso renunció a ello», aclara Reina.
Sin embargo, la norma no contempla el supuesto de que la VPO se compre sin financiarla con créditos, puesto que están concebidas para familias con dificultades de acceso a una vivienda libre.
Meses antes de ser nombrado presidente de PROVICOSA (julio de 2007), Telesforo Flores se convirtió en propietario de su tercera vivienda en Luque -titularidad que comparte con su esposa-. Ésta tiene 493 metros cuadrados construidos y sobre ella pesa un préstamo de 86.000 euros.
La compra al contado (75.000 euros del año 2000) de una vivienda de protección oficial por parte del alcalde de Luque y hoy presidente de la promotora provincial de vivienda de la Diputación (PROVICOSA), siendo dueño de otro piso de renta libre y habiendo ostentado cargo público desde 1991 refleja la doble moral del PSOE, trasladada a la Junta de Andalucía, sobre el carácter social de las VPO para rentas bajas que no pueden acceder al mercado inmobiliario libre.
En el plano legal, la compra de esa vivienda por el edil socialista -casi veinte años viviendo del erario público- choca de plano con la legislación vigente desde 1978 y los requisitos que se ponen a los aspirantes a este tipo de inmuebles. En primer lugar, por ser poseedor de una vivienda de renta libre, lo que ya de por sí resulta un sinsentido frente a la filosofía legal de las viviendas tasadas por ley y para familias desfavorecidas. En segundo lugar, porque como el propio Telesforo Flores admite a ABC, no la usa como primera residencia, algo a lo que le obliga la normativa por sentido común. En tercer lugar, porque el sueldo público que percibía por aquel entonces estaba bastante por encima de los ingresos medios de los beneficiarios potenciales que marcaba la ley para ser beneficiario. Para más «inri», Flores alardea de que pagó al contado -muy poco habitual, por cierto, en los compradores de VPO-, omitiendo que había solicitado ayudas públicas para afrontar la adquisición de la casa y que le fueron denegadas. Y, además, la Junta, tutora de este tipo de inmuebles, dio luz verde a la compra.
Frente al pobre argumento de Flores de que «desconocía la normativa» baste refutar que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y más, para un alcalde que, se supone, algún contacto en veinte años habrá tenido con la promoción pública. Pero es que en el plano ético y estético, la Diputación no puede perder ni un segundo más en deshacer este mal ejemplo para la opinión pública y los miles de demandantes de VPO que estos días engrosan los tan cacareados registros auspiciados por la Junta. O Flores renuncia a su vivienda para seguir presidiendo el instrumento que tiene la Diputación para impulsar pisos protegidos, o lo hace a su cargo, si quiere seguir manteniendo una vivienda con la que, por otro lado, quiso hacer negocio, pero no le dejó la crisis.
La portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, Elena Cortés, afirmó que, a la vista de los datos revelados, «espero que presente su dimisión de motu propio porque no es la persona más idónea para presidir una promotora pública de viviendas». Si no lo hace, su grupo estudiará otras medidas. Cortés lamentó que la Junta «no haya fiscalizado esta entrega» y puso el caso como reflejo de la política de vivienda autonómica, que «ha servido para que la VPO entre en el espacio de la especulación en lugar de destinarse a la población más débil».
El presidente de Provicosa, el socialista Telesforo Flores, ocultó algunas de sus posesiones en sus declaraciones de bienes de la Diputación de Córdoba, donde también es vicepresidente tercero, y del PSOE.
En concreto, el alcalde de Luque, que accedió en 2000 a un VPO teniendo otro piso de renta libre desde 1987, «se olvidó» de declarar dos garajes y un local comercial, también de su titularidad. Según consta en el Registro de la Propiedad, el local se encuentra en la planta baja de su tercera vivienda, situada en Luque, de 493 metros cuadrados y tres plantas, que adquirió en febrero de 2007, apenas cinco meses antes de tomar posesión como responsable de la promotora de viviendas de la Diputación de Córdoba.
Ejemplo de ética pública
Telesforo Flores no especificó estos dos bienes ante la institución provincial, según la declaración patrimonial publicada por el Boletín Oficial de la Provincia el 31 de diciembre de 2008. También los omitió en el registro de actividades, bienes e intereses para altos cargos que publica el PSOE de Andalucía en su página web, una iniciativa que instauró para dar ejemplo de transparencia y ética.
No fue el único dato que obvió el regidor de Luque. También pasó por alto hacer pública la plaza de cochera que compró junto a la vivienda protegida en la calle Isla Graciosa, en las inmediaciones de Arroyo del Moro, una zona de expansión residencial y con el precio del metro cuadrado más caro en el mercado libre en la capital. En plena burbuja inmobliaria, se hizo con la VPO al módico precio de 74.315 euros, incluyendo el aparcamiento (de 9.373 euros). Como la Junta le denegó las ayudas a la compra y préstamos cualificados, la pagó al contado y sin necesidad de abonar intereses, más allá de la cancelación de la hipoteca, a la que no se podía subrogar por no cumplir los requisitos.
El alcalde de Luque tampoco dijo que la finca de olivar que declaró en Pomar, en el término municipal de su pueblo, son en realidad dos terrenos que heredó de unos familiares y que tienen escrituras independientes.
Flores, que negó tener un local -pese a que así consta en su escritura-, aseguró a ABC que no reparó en estos detalles, pero garantizó que «lo mío es transparente».
Fuente:abc.es
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