Izquierda Unida: «Que pague quien haya metido la pata o la mano»

Izquierda Unida no está dispuesta a dejar de tirar del hilo para que se investiguen las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERES). Un hilo del que su coordinador regional en Andalucía, Diego Valderas, aseguró ayer que «trae a peces gordos enganchados en su anzuelo». Por eso han presentando una nueva iniciativa parlamentaria que pide a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría total de fiscalización de la gestión de la Consejería de Empleo en los últimos diez años, desde el 2000 hasta el pasado 2010. Algo «necesario» para que «tanto el que ha metido la pata como el que ha metido la mano, la pague».

Diego Valderas pidió ayer al Partido Socialista que no vete esta propuesta porque «detrás de todas estas irregularidades hay nombres y apellidos y todavía no se han cortado cabezas». El coordinador de Izquierda Unida no está dispuesto a que está investigación se lleve sólo desde el ámbito penal porque «hay que perseguir lo que ha sido un mar de errores cometidos en la Consejería de Empleo en los últimos diez años». Pero Valderas fue más allá de la cuestión. El representante de la izquierda en Andalucía insistió en la necesidad de que esta investigación arroje luz «a la sombra de sospecha de corrupción y de duda que atraviesa y cruza hoy transversalmente a toda la Administración andaluza». A su juicio los ERE «no son lo único que está manchado» por la gestión política de Empleo. Ante esto «se necesita mucha transparencia, mucha investigación y mucha claridad», precisó.

Representación total

Por eso advirtió al presidente de la Junta, José Antonio Griñán que no se «escude detrás de la justicia ya que la justicia va a lo suyo, el Parlamento a lo suyo y el poder ejecutivo a lo suyo». En cuanto a la iniciativa parlamentaria de realizar una auditoría total de fiscalización de las cuentas de la Consejería de Empleo en los últimos diez años, Valderas incidió en que es necesaria la participación de profesionales de los distintos departamentos y de todos los partidos políticos en dicha cámara «dada la transcendencia, profundidad y amplitud del trabajo solicitado».

Y da un plazo para ello, concretamente 10 meses. Por último, el coordinador de IU en Andalucía, pidió a Griñán que reaccione, «porque si no los escándalos de los Expedientes de Regulación se lo llevarán por delante».