“No tengo confianza en el Gobierno español, porque siempre ha apoyado a Marruecos y su plan de autonomía para el Sáhara Occidental. No denuncia las violaciones de derechos humanos que se cometen contra esta población, que, hasta hace poco, era española. No sé si ha habido un trato entre España y Marruecos. Lo que pienso es que nada ha cambiado, porque España siempre ha apoyado a Marruecos. Lo que me alimentaba durante todos estos días era el apoyo del pueblo español”.
Estas palabras de la Pasionaria saharaui, Aminetu Haidar, a su regreso a El Aaiún el 18 de diciembre, definen la situación actual de su pueblo: represión del régimen marroquí, que ocupa ilegalmente este territorio desde el otoño de 1975; indiferencia del Gobierno socialista español, que renuncia a ejercer el papel de “potencia descolonizadora” que le impone la legalidad internacional, y apoyo a la causa saharaui de la inmensa mayoría de la sociedad española. Este respaldo se canaliza desde hace años en centenares de asociaciones que confluyen en la plataforma estatal CEAS-Sahara y se expresa en las caravanas de solidaridad a los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) o en la acogida solidaria de miles de niños durante todos los veranos, desde que hace treinta años el Partido Comunista de España trajera al primer millar de ellos, en plena guerra entre el Frente Polisario y Marruecos.
Aminetu Haidar es hoy el símbolo de la dignidad y la tenacidad de un pueblo pacífico y solidario. De un pueblo traicionado por la dictadura franquista (y por su heredero “a título de rey”), que el 14 de noviembre de 1975, tras la invasión militar marroquí del Sahara Occidental y mientras la “momia” agonizaba en La Paz, cedió la administración de este territorio a Mauritania y a Marruecos. Hacía sólo un mes que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya había rechazado las pretensiones anexionistas de Nuakchot y Rabat y reafirmado que, en virtud de la Resolución 1.514 (XV) de 1960 de las Naciones Unidas, el pueblo saharaui tenía derecho a la autodeterminación. Además, en diciembre de 1965 la Asamblea General de la ONU había aprobado su primera resolución sobre este territorio (la 2.072), que instaba a España a “adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para la descolonización del territorio”.
En 1976 empezó la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, una vez que el 26 de febrero de aquel año los últimos soldados españoles abandonaron el territorio que ocupaban desde 1884, a pesar de las promesas del recién coronado rey Juan Carlos, quien había asegurado que España cumpliría sus compromisos internacionales respecto a este territorio. El 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario proclamó en Bir Lah-Lu la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que hoy es miembro de la Unión Africana y reconocida como Estado por más de 80 países, entre ellos Cuba, que durante años ha acogido solidariamente a miles de niños saharauis, a los que ha proporcionado formación técnica y universitaria.
La brutal violencia desplegada por el régimen de Hassan II, con bombardeos de napalm sobre los civiles, desplazó a una gran parte de la población saharaui hacia los campos de refugiados en el desierto de Tinduf, en la Hamada argelina. El 6 de septiembre de 1991 se produjo el alto el fuego y ambas partes (Marruecos y el Frente Polisario) aceptaron la propuesta de Naciones Unidas de celebrar el referéndum de autodeterminación el 26 de enero de 1992. Aquel año se constituyó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), cuyo mandato se ha prorrogado anualmente desde entonces.
Pero durante años Rabat ha maniobrado con éxito para posponer una y otra vez esta consulta a través de la farragosa discusión sobre la composición del censo y en la última década ha planteado opciones alternativas que se apartan de la legalidad internacional y han sido rechazadas por Naciones Unidas. Mientras tanto, Marruecos y varias empresas extranjeras (entre ellas algunas españolas) expolian los valiosos recursos naturales de este territorio, como el fosfato, el petróleo, el gas natural, el hierro, el uranio o la pesca que ofrece sus 1.600 kilómetros de litoral.
En todo este tiempo la política de los sucesivos gobiernos de la España democrática se asemeja demasiado a la traición de la dictadura franquista. Ninguno de ellos ha asumido el papel de “potencia descolonizadora” que nos otorga la legalidad internacional sobre la antigua provincia, al contrario, han privilegiado las relaciones con Marruecos: inicialmente, por los acuerdos de pesca y hoy por el papel de gendarme de Rabat en la contención de las migraciones y por la protección de las importantes inversiones de las empresas españolas.
“El Gobierno de Zapatero cierra los ojos ante el sufrimiento del pueblo saharaui. Con su silencio tolera las violaciones de los derechos humanos y permite que nos masacren”, señaló en mayo de 2006 en Madrid Aminetu Haidar al recibir el V Premio Juan María Bandrés de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de manos del camarada Enrique Santiago, entonces secretario general de CEAR. Tres años después, la represión marroquí prosigue en los territorios ocupados del Sahara Occidental y casi un cuarto de millón de refugiados continúa resistiendo ejemplarmente en la Hamada, aguardando una solución justa, acorde con la legalidad internacional, que permita el retorno a su territorio originario.
Aminetu conoce muy bien todo esto. Fue detenida por primera vez en 1987, cuando tenía 20 años, por participar en una manifestación contra la ocupación mientras una comisión de la ONU visitaba el Sahara Occidental. Desaparecida y torturada durante casi cuatro años (tiempo en el que permaneció con los ojos vendados, atada de pies y manos, en condiciones infrahumanas de alimentación e higiene), y a pesar de sufrir posteriormente otras detenciones y vejaciones por parte de las autoridades marroquíes, no ha cesado de luchar por el derecho a la autodeterminación de su pueblo.
En mayo de 2005, participó en las manifestaciones pacíficas para denunciar el agravamiento de la represión, fue apaleada y torturada por la policía y conducida a prisión. El 13 de diciembre de aquel año un tribunal marroquí la condenó a siete meses de presidio y a trece compañeros a penas de hasta tres años en unos procesos irregulares según los observadores internacionales. En aquellos días, desde la Cárcel Negra de El Aaiún (construida por el colonialismo español) dijo al mundo: “Es un milagro que siga con vida, porque soy una mujer agotada físicamente por tantos años de desaparición y encarcelamiento, tanta tortura y tantas vejaciones. Pero aquí estoy y seguiré luchando con todas mis fuerzas, sabiendo que estáis allí luchando por nosotros. Estoy tan segura de vosotros como lo estoy del mar que me espera a 25 kilómetros, tan segura como lo estoy de que esos niños saharauis refugiados en Argelia volverán a su tierra liberada. Estoy tan segura de vosotros como lo estoy de la mirada cariñosa de mis dos hijos, Mohamed y Hayat, a quienes añoro tanto…”.
El PCE e IU siempre han estado al lado del pueblo saharaui, al contrario que otros, que sólo lo hacen cuando están en la oposición. Ha llegado la hora de redoblar los esfuerzos para ayudar a este pueblo a ejercer su derecho a la autodeterminación, a conquistar un futuro de justicia y dignidad para sus hijos en su patria, el Sahara Occidental.
Estas palabras de la Pasionaria saharaui, Aminetu Haidar, a su regreso a El Aaiún el 18 de diciembre, definen la situación actual de su pueblo: represión del régimen marroquí, que ocupa ilegalmente este territorio desde el otoño de 1975; indiferencia del Gobierno socialista español, que renuncia a ejercer el papel de “potencia descolonizadora” que le impone la legalidad internacional, y apoyo a la causa saharaui de la inmensa mayoría de la sociedad española. Este respaldo se canaliza desde hace años en centenares de asociaciones que confluyen en la plataforma estatal CEAS-Sahara y se expresa en las caravanas de solidaridad a los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) o en la acogida solidaria de miles de niños durante todos los veranos, desde que hace treinta años el Partido Comunista de España trajera al primer millar de ellos, en plena guerra entre el Frente Polisario y Marruecos.
Aminetu Haidar es hoy el símbolo de la dignidad y la tenacidad de un pueblo pacífico y solidario. De un pueblo traicionado por la dictadura franquista (y por su heredero “a título de rey”), que el 14 de noviembre de 1975, tras la invasión militar marroquí del Sahara Occidental y mientras la “momia” agonizaba en La Paz, cedió la administración de este territorio a Mauritania y a Marruecos. Hacía sólo un mes que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya había rechazado las pretensiones anexionistas de Nuakchot y Rabat y reafirmado que, en virtud de la Resolución 1.514 (XV) de 1960 de las Naciones Unidas, el pueblo saharaui tenía derecho a la autodeterminación. Además, en diciembre de 1965 la Asamblea General de la ONU había aprobado su primera resolución sobre este territorio (la 2.072), que instaba a España a “adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para la descolonización del territorio”.
En 1976 empezó la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, una vez que el 26 de febrero de aquel año los últimos soldados españoles abandonaron el territorio que ocupaban desde 1884, a pesar de las promesas del recién coronado rey Juan Carlos, quien había asegurado que España cumpliría sus compromisos internacionales respecto a este territorio. El 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario proclamó en Bir Lah-Lu la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que hoy es miembro de la Unión Africana y reconocida como Estado por más de 80 países, entre ellos Cuba, que durante años ha acogido solidariamente a miles de niños saharauis, a los que ha proporcionado formación técnica y universitaria.
La brutal violencia desplegada por el régimen de Hassan II, con bombardeos de napalm sobre los civiles, desplazó a una gran parte de la población saharaui hacia los campos de refugiados en el desierto de Tinduf, en la Hamada argelina. El 6 de septiembre de 1991 se produjo el alto el fuego y ambas partes (Marruecos y el Frente Polisario) aceptaron la propuesta de Naciones Unidas de celebrar el referéndum de autodeterminación el 26 de enero de 1992. Aquel año se constituyó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), cuyo mandato se ha prorrogado anualmente desde entonces.
Pero durante años Rabat ha maniobrado con éxito para posponer una y otra vez esta consulta a través de la farragosa discusión sobre la composición del censo y en la última década ha planteado opciones alternativas que se apartan de la legalidad internacional y han sido rechazadas por Naciones Unidas. Mientras tanto, Marruecos y varias empresas extranjeras (entre ellas algunas españolas) expolian los valiosos recursos naturales de este territorio, como el fosfato, el petróleo, el gas natural, el hierro, el uranio o la pesca que ofrece sus 1.600 kilómetros de litoral.
En todo este tiempo la política de los sucesivos gobiernos de la España democrática se asemeja demasiado a la traición de la dictadura franquista. Ninguno de ellos ha asumido el papel de “potencia descolonizadora” que nos otorga la legalidad internacional sobre la antigua provincia, al contrario, han privilegiado las relaciones con Marruecos: inicialmente, por los acuerdos de pesca y hoy por el papel de gendarme de Rabat en la contención de las migraciones y por la protección de las importantes inversiones de las empresas españolas.
“El Gobierno de Zapatero cierra los ojos ante el sufrimiento del pueblo saharaui. Con su silencio tolera las violaciones de los derechos humanos y permite que nos masacren”, señaló en mayo de 2006 en Madrid Aminetu Haidar al recibir el V Premio Juan María Bandrés de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de manos del camarada Enrique Santiago, entonces secretario general de CEAR. Tres años después, la represión marroquí prosigue en los territorios ocupados del Sahara Occidental y casi un cuarto de millón de refugiados continúa resistiendo ejemplarmente en la Hamada, aguardando una solución justa, acorde con la legalidad internacional, que permita el retorno a su territorio originario.
Aminetu conoce muy bien todo esto. Fue detenida por primera vez en 1987, cuando tenía 20 años, por participar en una manifestación contra la ocupación mientras una comisión de la ONU visitaba el Sahara Occidental. Desaparecida y torturada durante casi cuatro años (tiempo en el que permaneció con los ojos vendados, atada de pies y manos, en condiciones infrahumanas de alimentación e higiene), y a pesar de sufrir posteriormente otras detenciones y vejaciones por parte de las autoridades marroquíes, no ha cesado de luchar por el derecho a la autodeterminación de su pueblo.
En mayo de 2005, participó en las manifestaciones pacíficas para denunciar el agravamiento de la represión, fue apaleada y torturada por la policía y conducida a prisión. El 13 de diciembre de aquel año un tribunal marroquí la condenó a siete meses de presidio y a trece compañeros a penas de hasta tres años en unos procesos irregulares según los observadores internacionales. En aquellos días, desde la Cárcel Negra de El Aaiún (construida por el colonialismo español) dijo al mundo: “Es un milagro que siga con vida, porque soy una mujer agotada físicamente por tantos años de desaparición y encarcelamiento, tanta tortura y tantas vejaciones. Pero aquí estoy y seguiré luchando con todas mis fuerzas, sabiendo que estáis allí luchando por nosotros. Estoy tan segura de vosotros como lo estoy del mar que me espera a 25 kilómetros, tan segura como lo estoy de que esos niños saharauis refugiados en Argelia volverán a su tierra liberada. Estoy tan segura de vosotros como lo estoy de la mirada cariñosa de mis dos hijos, Mohamed y Hayat, a quienes añoro tanto…”.
El PCE e IU siempre han estado al lado del pueblo saharaui, al contrario que otros, que sólo lo hacen cuando están en la oposición. Ha llegado la hora de redoblar los esfuerzos para ayudar a este pueblo a ejercer su derecho a la autodeterminación, a conquistar un futuro de justicia y dignidad para sus hijos en su patria, el Sahara Occidental.
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